Esta solicitud debe ser presentada por vía diplomática y debe incluir información detallada sobre los cargos y las pruebas en contra de la persona buscada.

* Al meditar sobre estos criterios fileé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto prison argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción common", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.

Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.

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Estas leyes establecen los procedimientos y los requisitos para solicitar la extradición de una persona y para decidir si se concede o no.

A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción universal, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.

R: La persona debe ser acusada de un delito en el país que solicita la extradición, y ese delito debe estar contemplado en la ley mexicana. También debe ser ciudadano del país que solicita la extradición o haber cometido el delito en ese país.

Una vez que termina la etapa judicial, se turna el asunto dependiendo de cada país a otra Instancia en donde el Estado requerido resuelve sobre la procedencia de la extradición.

La asesoría jurídica this contact form es fundamental para aquellos que se encuentran en la cárcel, ya que les brinda la oportunidad de entender sus derechos y de tomar las decisiones adecuadas en relación con su caso.

La extradición es el proceso por el cual un país solicita a otro la entrega de una persona que se encuentra en su have a peek here territorio para que sea juzgada o cumpla una condena en el primer país.

La extradición entre México y Grecia tiene varios beneficios. En primer lugar, permite que los delincuentes no queden impunes y sean juzgados en el país donde cometieron el delito.

En caso de que un individuo sea arrestado en uno de los dos países y sea solicitado por el otro país, se llevará a cabo un proceso de extradición que incluye la revisión de la evidencia presentada, la evaluación Check This Out de la legalidad de la solicitud y la decisión closing de extradición por parte de las autoridades judiciales del país requerido.

La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.

Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte en los que se reconocen derechos humanos